El Gobierno del Estado financia spots sobre una masculinidad más sana y corresponsable (“El hombre blandengue”) y cursos de formación en corresponsabilidad y cuidados destinados a los hombres (en el llamado “Plan Corresponsables”) porque desde la Plataforma por Permisos Igualitarios (PPiiNA) y otras organizaciones feministas, de hombres por la igualdad y del tercer sector llevamos reivindicando desde hace muchos años una corresponsabilidad real. Solo si los hombres se implican en los cuidados como las mujeres se podrá cerrar la enorme brecha de género en las horas que dedicamos a cuidar de nuestros seres queridos, a cuidar de la casa y de todas las tareas organizativas y emocionales básicas para una vida equilibrada y feliz.

Pero, aunque las campañas de comunicación y la formación sean necesarias para concienciar, si estas no se acompañan de políticas familiares que permitan la corresponsabilidad, lo que consiguen mayormente es que los todavía demasiado pocos hombres que intentan seguir esa senda acaben enfrentados con sus empleadores y frustrados en su intento. Porque las políticas familiares se concretan en leyes. Y la PPiiNA denuncia que el mismo Gobierno que con una mano financia spots y cursos de corresponsabilidad, con la otra mano no solo no corrige las trabas al uso igualitario en la existente ley de permisos por nacimiento (ver aquí) sino que, además, está tramitando actualmente dos nuevas leyes que no apuestan por la corresponsabilidad:  la ley de familias y el anteproyecto de ley para la transposición de la directiva europea de conciliación.

La directiva europea de conciliación que se quiere trasponer de urgencia requiere a los Estados miembros ciertas medidas y estándares mínimos a cumplir, entre los que figura de forma destacada un permiso parental de dos meses remunerados e intransferibles (Comisión Europea, 2022). El Anteproyecto de Ley del Ministerio de Trabajo para la trasposición de la directiva prevé la creación de un nuevo permiso parental de ocho semanas, pero ¡atención! sin incluir su remuneración, y ¡atención! ¡pudiéndose usar hasta que la criatura tenga 8 años! (¿para que el papá haga qué mientras el niño está en el colegio?: ¡cuándo hace falta que el padre pueda cuidar todo el día es en el primer año!).

Por otro lado, según las últimas noticias sobre la Ley de Diversidad Familiar y Apoyo Familiar, ésta contempla una ampliación del permiso por nacimiento pero tampoco prevé su remuneración. En cambio, sí contempla la posibilidad de que, en las familias monoparentales, en su enorme mayoría encabezadas por madres, estas doblen la parte voluntaria del permiso para cuidar más tiempo del bebé. Una medida que parece positiva a primera vista, pero que es perjudicial para la igualdad. Si algunas mujeres tienen casi el doble de permiso que los hombres, vuelve el peligro de la discriminación estadística en la contratación de cualquier mujer en edad fértil.

El Gobierno predica la corresponsabilidad y la igualdad, pero la imposibilita en la práctica legislativa. Cuando los permisos no son remunerados al menos al 80% de la base de cotización a la Seguridad Social, los hombres no los usan, como muestra la enorme brecha de género en el uso de las excedencias y reducciones de jornada. Los permisos no remunerados o mal remunerados son usados casi en exclusiva por las mujeres, porque los mandatos de género patriarcales les obligan a cuidar y a los hombres a ganar el pan. Eso no es corresponsabilidad, sino división sexual del trabajo que conduce a las grandes brechas de género en cuidados, salarios, formación, promoción y jubilación. El nuevo permiso parental del anteproyecto de ley de trasposición de la Directiva europea cumple con la duración de dos meses y la intransferibilidad marcadas por la directiva de conciliación, pero incumple la prescripción de su remuneración. Es decir, es demasiado parecido a las excedencias que solo usan las mujeres y tanto las penaliza. Esta propuesta no cumple con la Directiva más de lo que ya existía en la legislación actual. El Gobierno no legisla para la corresponsabilidad, como muestra también el incumplimiento del punto 7.1 del acuerdo de gobierno PSOE-UP para eliminar las trabas actuales para el uso corresponsable del permiso por nacimiento y cuidado de menor de 16 semanas implementado en 2021.

Por otro lado, este revoltijo de propuestas legislativas va en contra de la simplicidad necesaria para que la población entienda sus derechos y los ejercite, y, por tanto, son una trampa más para la corresponsabilidad: aparentemente se hace algo a favor, pero en la práctica se dificulta. La PPIINA siempre ha defendido que, antes de cualquier ampliación del actual permiso por nacimiento: 1) deben corregirse las trampas de la actual regulación -las cuales hemos denunciado en múltiples ocasiones- que impiden un uso corresponsable del mismo; y 2) debe esperarse un tiempo suficiente para evaluar el uso del permiso libre de trampas por parte de los hombres. 

La PPiiNA ha participado el 23 de septiembre en la audiencia pública del anteproyecto de ley para transposición de la Directiva europea instando al Ministerio de Trabajo a reducir el periodo forzoso del disfrute simultáneo del permiso por nacimiento y cuidado de menor a las dos primeras semanas (1ª trampa) y a asegurar el derecho de la persona trabajadora a decidir cuándo disfrutar el permiso a tiempo completo, sin necesidad de autorización del empleador, recuperando así el derecho existente para el antiguo permiso de maternidad (2ª trampa), pero no hemos recibido respuesta ni invitación a exponer nuestra postura.

Este Gobierno fracasará en el diseño de leyes efectivas para fomentar la corresponsabilidad si no utiliza estas oportunidades legislativas para permitir que los padres puedan cuidar autónomamente de su bebé cuando la madre se reincorpora al empleo y así alargar el cuidado del menor en el hogar. Y para que las familias monomarentales tengan servicios de calidad a domicilio, públicos y gratuitos, para cuidar de sus criaturas en el primer año, que permitan a esas madres (y a todas las mujeres, por la discriminación estadística) no poner en riesgo su carrera profesional y sus ingresos.